Sangre en Bagua

La intransigencia de pocos, trae como consecuencia la muerte de muchos.

Con el Decreto Ley 1090 se buscaba un mejor sostenimiento y conservación del medio ambiente.Este decreto fue dado ante la presión de Estados Unidos, fue una condición impuesta por ese país para que pueda ser aprobado el TLC.El gobierno peruano había firmado con la OIT el decreto 169, por el cual antes de dar alguna concesión primero consultaba con las comunidades, pero como siempre la visión limeña de la realidad nacional, hizo que se excluyera a las comunidades en este diálogo fundamental y necesario. Esto llevó a los actos de violencia en la provincia de Bagua (Amazonas), que hasta el momento son reportados 33 muertos.
El Estado ha vendido el 72 por ciento de las tierras de la Amazonía. Este “bienestar económico” es el resultado de una victoria pírrica .Estamos empeñando el futuro de las generaciones venideras
Las comunidades nativas sienten las miradas esquivas a sus necesidades a tomar las decisiones sobre su calidad de vida, su futuro desde Lima, para ellos el progreso no lo ven como cifras macro o microeconómicos, para ellos es mantener sus tradiciones, cuidar la tierra de sus ancestros, vivir en paz con su naturaleza, vivir de la caza, de la ganadería; actividades que se ven afectadas por una explotación irracional de la selva, respetar .No se comprende o quiere respetar la cosmovisión amazónica en la que la tierra para ellos es su territorio, concepto amplio ,por el cual el bien colectivo está en relación con la naturaleza.

No podemos quedarnos atrapados en un momento. En la costa seguimos viendo a las comunidades nativas como obstáculos de la modernidad. Este es nuestro mayor problema, no somos y peor aún, pareciera que no quisiéramos ser NACIÓN.No podemos repetir la historia, la época del terrorismo, el desangramiento entre peruanos. Evitemos este inicio lamentable porque después empezarán las denuncias, aparición de fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales. Parece que nos quedamos en el pasado siempre y en lugar de buscar la luz, somos expertos en atarnos cadenas en el camino al desarrollo. No olvidemos que los ashánikas se rebelaron contra Sendero Luminoso y perdieron muchos de sus hermanos en esta lucha y los awajun fueron los guías del ejército durante el conflicto contra Ecuador el año 1995.

Juan Carlos Manuel Gonzalez Moreno

Durante la guerra

Viernes 5 de junio del 2009, en bagua la curva del diablo, se genera una sangrienta guerra. Todo empieza cuando cae el primer indígena, quién pedia con manos en alto que paren al fuego, que los indígenas no querian ir a la violencia, se defendian, pero no cargaban con ellos armas de fuego como para poder enfretarse a ellos. Los policias por su parte estaban armados, con fusiles AKM, bombas lacrimogenas, helicopteros, etc. Al caer el primer indígena, todos empiezan a atacar a los policias, con lanzas y piedras, tienen que defenderse de la ráfaga de balas, ayudar a los heridos y retirar a los muertos. La tensión llega a la curva del diablo, cuando cae un sub oficial. Entonces, policias e indígenas se envuelven en su propia rabia, los primeros disparando a quema ropa, apuntando a todo aquel que no sea policia, por su parte, los indigenas tiraban sus lanzas, llovian piedras y producto de las bombas lacrimógenas, todo se tornaba a lágrimas. Los indígenas logran capturar a cuatro policias, roban sus AKM en venganza los matan.

La muerte de más indígenas se genera, cuando el helicótero MI 17 de la DIROES dispara a fuego abierto. Mientras que por parte de los indígenas, pedian comunicación que el perú se entere de lo que pasa en Bagua, atacando a todo aquel que se encuentre de lado de los policías.

No se puede escribir una nota, sin antes ver todos los videos que difunden los medios de comunicación que se trasladaron inmediatamente a ese infierno. Esa mañana quienes dispararon y quienes recibieron balas fueron Peruanos, todos indígenas y policias, la vida de uno no vale más que la otra, pero claro hace 56 dias nadie pensó en eso.

Por: Sharon Leiva Ordoñez

La tragedia

La promulgación de decretos legislativos por parte del gobierno, con el objetivo de facilitar la inversión privada en la región amazónica, fue el detonante violento que desnuda la profunda desconexión entre el proyecto de desarrollo del gobierno y las necesidades de comunidades nativas amazónicas, históricamente olvidadas. Es la diferencia entre el Estado y sus ciudadanos. Es la diferencia entre ciudadanos, en donde dichas comunidades pertenecen a los de segunda clase. Si las andinas, ocupan gran parte de las de mayor pobreza, las nativas un vasto territorio con recursos naturales importantes. Es por eso, si bien el gobierno podía y necesitaba generar normas para atraer la inversión extranjera, lo hizo transitando por el peor camino, pues no hay peor resultado que aquel que está bañado en sangre.

El hecho no sólo daba muestra de una soberbia estatal, sino que prendía la chispa de los sentimientos de mayor desconfianza de las comunidades hacia el Estado, que han sentido que sus derechos siempre han sido pisoteados. La antigua era del caucho, se reverdecía con el petroleo y gas,en donde la política del embudo, colocaban a las empresas en la parte ancha. De esta manera, no es difícil entender como los sectores más radicalizados, encabezados por Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), hoy clandestino, pudieron liderar un movimiento, que en el momento de los sucesos del 5 y 6 de junio, ya llegaba a más de ocho semanas de paralización y de toma de carreteras y puentes.

Si bien un forzado diálogo se estableció entre el primer ministro Yehude Simon y Alberto Pizango, así como el Congreso revisaba los decretos del legislativos, llegó tarde y nadie pudo evitar el desborde de violencia que segó la vida de tantos peruanos. El gobierno ha tomado el control de la situación en Bagua, pero ha respondido con medidas represivas y propagandísticas que claramente tienen límites.

Lo ocurrido en Bagua, sino lo resuelve de otra manera, puede terminar con su baja aprobación(Alan García), pero sobre todo hacer daño a una democracia poco generosa en resultados.

Por: Sharon Leiva Ordoñez

Hoy en día

La situación en Bagua es casi normal tras los hechos de violencia que se estuvo presentando en las últimas semanas.
Luego del término del toque de queda diario que hay en las provincias de Bagua y Utcubamba, los establecimientos comerciales abrieron sus puertas más temprano que en los días pasados, aunque la ausencia de personas en las calles todavía es notoria y las clases empezaron esta semana.
Los pocos pobladores que estaban en las calles comentaron la calma que se vive en el lugar y el miedo de los niños por el toque de queda y la vigilancia que el Ejército hace en las calles de la ciudad, informó Canal N.
Una trabajadora de limpieza de la municipalidad mostró su salvoconducto para poder trabajar desde las 5 de la mañana; mientras que un mototaxista dice que pidió que el permiso para circular hasta las 10 de la noche con el fin de seguir trabajando y poder recuperar más rápido las pérdidas económicas ocasionadas por las protestas de los últimos días.

Más de 40 personas han sido detenidas por no respetar el toque de queda en ambas provincias amazónicas, informó Félix Paricahua.
Los nativos apostados en Bagua empezaron a retornar a sus aldeas

Por: Ingrid Chavez Echaíz

Promesas sin cumplir

No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto.

Algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007:

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción”
Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…”

“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.

“Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero….”

“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano merta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.”

Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debe disponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, son de toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos? Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni los recursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía, sus derechos de propiedad no son plenos, son aparentes.

No es de extrañar que, entonces, ellos hayan utilizado otros medios, como las movilizaciones y tomas de carreteras, pues la experiencia ha mostrado que sólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención. Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizaciones son el gobierno y el Congreso.

Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones de protesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalicen hasta llegar, lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida de decenas de ciudadanos, entre pobladores amazónicos y policías. ¿De quién es la responsabilidad principal? De quienes toman las decisiones políticas: el gobierno y el Congreso.

¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivo y el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La única institución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, que debería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con los representantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciar dos de los principales responsables políticos del drama que estamos viviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y la ministra del Interior Mercedes Cabanillas.

Por: Ingrid Chavez Echaiz

Situación controlada

La situación en Bagua en estos momentos se encuentra controlada y se trata de establecer el orden en la ciudad, tras los disturbios registrados en Amazonas, que dejaron 22 policías y nueve nativos muertos.
“La situación está controlada. Hay toque de queda y se ha restablecido el orden interno pulcramente. No permitamos que se diga que se ha masacrado a centenares. Hago un llamado a la tranquilidad, a la unión y al respeto”, aseguró la titular del Interior, a través de Canal N.
Por ahora el tramo de la carretera Fernando Belaunde que pasa por esa zona está totalmente despejado.
Por otro lado la ministra Mercedes Cabanillas mostró su indignación por lo ocurrido en la Estación 6 de PetroPerú, en la localidad Imazita, donde los nativos tuvieron como rehenes a 38 policías, de los cuales fallecieron nueve efectivos.
“Ellos no se estaban enfrentando, estaban conversando y fueron ultimados a mansalva. No hubo enfrentamiento, hubo masacre con hachas. ¿Quiénes son los criminales? Estos eran nativos terroristas que se apoderaron de las armas. (…) Espero que esto sirva de experiencia para que todos nos unamos para buscar el orden constitucional y democrático. No podemos validar que se forme todo un desprestigio”, afirmó Cabanillas desde la Dirección de la Policía Aérea (DIPA), en el Callao, a donde llegaron los cuerpos de dos de los policías muertos en Imazita, así como 34 heridos entre efectivos y civiles.
Según la agencia Andina, los cuerpos del suboficial de tercera William Nieves y del brigadier Julio César Valerio serán trasladados a la Morgue Central, para los trámites de ley y luego serán llevados al velatorio de la Policía Nacional.

Asimismo, la ministra pidió al líder de Aidesep, responder por los disturbios ocurridos en la víspera en Bagua. “Quien quita la vida a otros es un criminal, emplazo al señor Pizango a que dé la cara. Quiero que las informaciones que me han dado (sobre su supuesta fuga a Bolivia) sean un error. (…) Eso le parece hombría, eso es cobardía”.

Por: ingrid chavez echaiz